A casi dos años del atentado sobre Cristina Fernández de Kirchner, los flashes están con el juicio a los integrantes de la banda de los Copitos, pero nadie investiga a los autores intelectuales del intento de magnicidio. El Diputado Nacional y Presidente del PJ de Tandil, Rogelio Iparraguirre, recapitula e insiste en las distintas líneas de investigación, las cuales nunca fueron una prioridad para la Jueza Capuchetti. El teléfono de Sabag Montiel, el financiamiento de Revolución Federal y las figuras de Milman, Caputo y Bulrrich, en el hecho más grave desde la vuelta de la democracia. «Son los mismos de siempre, los que no quieren que los 46 millones de argentinos sepamos nada de esto, porque el silencio mediático, político y social es la garantía de impunidad para disciplinar a nuestros dirigentes y para romper el pacto democrático».
Durante las últimas semanas, varios dirigentes peronistas enfatizaron en la necesidad de que se examine quién estuvo detrás de las acciones de odio que terminaron con Fernando Sabag Montiel gatillando, dos veces, en la cara a la expresidenta. Las dudas sobre Capuchetti y el rol de Patricia Bullrich y su mano derecha Gerardo Milman. Iparraguirre señala a LOT que, «uno de los datos más increíbles de esta causa es que hasta la madrugada de ese primer día de septiembre de 2022, el teléfono de Sabag Montiel estaba apagado, sano y sin batería, fue incorporado a una cadena de custodia, con un sobre cerrado, laqueado y firmado por todos los miembros de los que componen esa cadena. Esa madrugada la Jueza Capuchetti guardó delante de todos los testigos el sobre en la caja fuerte de su despacho en el juzgado federal, mostrando la llave. Al día siguiente cuando tenía que ser periciado el teléfono, el sobre aparece abierto, con el celular prendido y roto, en un estado donde nunca jamás se pudo recuperar nada de ese aparato».
Mientras se lleva a cabo el juicio oral sobre los autores materiales del intento de asesinato a la dos veces presidenta Cristina Kirchner, dirigentes de La Cámpora adviertieron sobre el «pacto de impunidad» que garantiza que no se avance en la investigación sobre los autores intelectuales del atentado. El Diputado Nacional y referente del peronismo tandilense, explora otro de los datos centrales donde se tendría que apoyar la investigación de la jueza Capuchetti, la línea de lo sucedido con Jonatan Morel. «Estamos en conocimiento de que el líder de Revolución Federal, grupo político que reclutó a Sabag Montiel, el cual había aprendido a hacer muebles de carpintería a través de un tutorial y mágicamente la familia Caputo le hizo un desembolso millonario de dinero para construir mesas de luz para un hotel en Neuquén. Nunca fue investigada la cadena de financiamiento hacia los líderes de Revolución Federal».
«En otra línea, la Jueza Capuchetti también debería haber guiado la investigación hacia la figura de Gerardo Milman, por entonces Diputado de la Nación muy cercano a Patricia Bullrich, al que le escucharon decir en un bar ‘cuando la maten voy a estar camino a la costa’, días antes del atentado, y quien hasta el día de hoy, no ha sido acusado ni investigado. Se demoró tanto tiempo en hacer la pericia de su teléfono, que tuvo la posibilidad de borrar todo el contenido privado de su aparato ante los ojos de todos los argentinos», aseguró Iparraguirre.
Desde hace dos años la escenografía que se plantó desde los medios de comunicación y desde la política es grotesca. Se observa desde aquel 1° de septiembre de 2022 un pacto de impunidad, el cual a pocas semanas de comenzado el juicio a los copitos, hace agua por todos lados. Persecución, espionaje, encubrimiento de magnicidio entre políticos, medios y Justicia federal, todo está visible aunque no lo quieran mostrar. Iparraguirre sostiene que, «tenemos entonces la destrucción del teléfono de Sabag Montiel, sumado al financiamiento de Revolución Federal y el caso de Milman con sus secretarias. ¿Qué hizo Comodoro Py al respecto?, algo que nos tiene acostumbrados cuando están decididos a tapar los hechos. Descuartizaron la causa en tres causas distintas. La persecución hacia Cristina y la inacción de la justicia son las dos caras de una misma moneda. Los mismos de siempre no quieren que los 46 millones de argentinos sepamos nada de esto, porque el silencio mediático, político y social es la garantía de impunidad para disciplinar a nuestros dirigentes y para romper el pacto democrático», remarcó el Diputado Nacional.
