La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial; y aprobó y envió al Senado otra iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales. La primera de las iniciativas sumó 155 votos a favor, 56 en contra, en tanto que registró 19 abstenciones. Además se computaron 25 ausencias.
Durante el debate en el recinto Mara Brawer, del Frente de Todos puso en relieve que se trata de un proyecto «federal que generará muchos puestos de trabajo, que «en el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas» y que «se trata de una industria sustentable con el ambiente».
Su compañera de bloque, Carolina Gaillard, remarcó que «esta ley de marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis industrial y el cáñamo industrial no puede esperar, porque garantiza que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad. En este sentido, viene a complementar la ley 27.350, del uso medicinal del cannabis. Hay miles de familias que están esperando este dictamen, el dolor no puede esperar.
«Además, es una gran oportunidad para Argentina, ya que aporta divisas y genera puestos de trabajo en todas las regiones de nuestro país. Se calcula que puede generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales», completó.
Por Juntos por el Cambio, el radical Ricardo Buryaile (presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería) remarcó que «aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico. Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos».
Recordó que «en 2017 se sancionó la ley 27.350, que establecía un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados, pero era insuficiente para llegar a la sociedad, paso que pretendemos dar hoy. Estamos estableciendo que las etapas de producción y comercialización con fines terapéuticos estén contemplados en la ley, cosa que no sucedía hasta hoy».
«Estamos apostando a la salud pública, a miles de personas a quienes vamos a mejorar el tratamiento, vamos a mejorar su calidad de vida. No es el mejor proyecto, es perfectible, esto es un paso adelante», enfatizó.
En contra de la iniciativa, la diputada Graciela Ocaña, del PRO, justificó que «el aparato burocrático de magnitud -que se crea para implementar la ley- va a traer un gasto enorme y no un beneficio para el tema de la salud, por eso no acompaño el proyecto».
Por Identidad bonaerense, Graciela Camaño, también fijó su rechazo, al advertir que «el Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones, en ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal. Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana».
Media sanción para la ley de tratamiento de VIH
En el marco de una jornada con diversos debates, la Cámara de Diputados de la Nación le dio hoy su media sanción al proyecto de ley de tratamiento del VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y otras Infecciones de Transmisión Sexual.
El proyecto, que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación, tuvo amplia mayoría en el plenario de la Cámra baja, con 241 votos positivos.
La nueva ley de VIH establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada; por lo cual, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.
Además, el proyecto promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
