En esta nueva etapa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuando se cumple un año del enorme logro de la aprobación de la Ley Nacional 26.710, se instala otro horizonte político, que es la lucha por su vigencia efectiva e igualitaria en todo el país. En la reciente Plenaria presencial de la Campaña en Rosario, con la asistencia de 150 personas de todo el país, quedó claro que la Campaña continuará. La sanción de la ley es un hito histórico, a partir del cual hay nuevas demandas para que las prácticas de IVE incorporen el valor de la legalidad y la capacidad ética de las mujeres y gestantes para decidir sobre los propios embarazos. Esta ampliación de la ciudadanía implica una tarea de monitoreo social autónomo de las políticas públicas, que los gobiernos y las instituciones de salud deben disponer para garantizar el acceso igualitario al derecho a la IVE.
Para la Campaña, organizada durante 16 años alrededor de una estrategia parlamentaria que se construyó sobre una enorme trama intersticial de intervenciones y participación en todos los espacios sociales, desde los feminismos académicos y populares, las disidencias sexo-genéricas, los vínculos inter-generacionales, las pluralidades partidarias, sindicales, étnicas, el periodismo y las actuales formas de comunicación digital, las redes profesionales, de discapacidad, las formas de sociabilidad virtual…(y la enumeración no está ordenada ni terminada) la sanción de la ley implica reformular las tareas y demanda nuevas formas de organización participativa y democrática, tema que se trató en la reciente Plenaria.
La implementación de la Ley 27.610 se juega en los territorios concretos, son las niñas, las adolescentes, las mujeres y otras personas gestantes de todo el país quienes deben tener acceso igualitario a abortos voluntarios seguros y gratuitos. Tenemos la experiencia de que la ESI (Ley 26.150) y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva (Ley 25.673), que hace décadas cuentan con sus respectivas leyes, están lejos de ser una realidad en todo nuestro territorio. Las leyes, conseguidas con años de lucha, en los que pagamos con muchas muertes la clandestinidad del aborto, no pueden ser material de biblioteca o banco de datos.
Logramos el derecho a la IVE en condiciones de enorme precarización de la vida cotidiana por la pobreza, el desempleo, la inflación, la inseguridad, la violencia machista femicida y racista, la desigualdad económica y en medio de la pandemia con sus incertidumbres, miedos, dolores y frustraciones. La urgencia se impuso y el virus no nos detuvo. A casi a un año de haber logrado la sanción de la ley de IVE, se impone la lucha por su vigencia efectiva e igualitaria en todo el país, es imposible separarlo de las condiciones sociales que posibilitan el ejercicio del derecho alcanzado. Nuestra tarea es conservar la autonomía política, la pluralidad, diversidad e igualitarismo, gracias a las que hoy celebramos. Aunque la respuesta sea tanto la virulencia reactiva de los ataques del conservadurismo de derecha, la Iglesia Católica, el evangelismo misógino y la violencia femicida, como las tensiones que implican las relaciones con los gobiernos que deben garantizar en sus territorios el acceso igualitario al aborto seguro y gratuito.
Nuestra historia de 16 años de lucha nos pone en un lugar de referencia política para los movimientos feministas de la región y de países en los que la lucha por el derecho al aborto se integra con las luchas democráticas contra los conservadurismos religiosos y seculares misóginos y racistas. La lucha por la legalización del aborto se trama con otras luchas por la vida digna y por la transformación de las maneras en que producimos y reproducimos la vida en el capitalismo.
Por Marta Rosenberg. Médica y psicoanalista. Es una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Fuente: Eldiarioar
