El plan oficial de modificación de la ley de movilidad busca reducir la inversión previsional. La propuesta, que figura en las recomendaciones del FMI y de otros organismos financieros, implica para 2018 una reducción en torno de los $ 100.000 millones en la partida de Seguridad Social con relación al proyecto de Presupuesto del año próximo.
La actual ley de movilidad no ajusta los haberes y las prestaciones de la Seguridad Social según la suba de los precios sino en base a otros índices, como salarios, recaudación impositiva y demás ingresos del sistema. Y no según proyecciones, sino por el cambio real de esos índices por semestres.
Según las propias estimaciones oficiales, el nuevo modo de calcular las actualizaciones permitirá un ahorro al Estado Nacional de más de $ 100.000 millones, por lo que se trata de esa cantidad de dinero menos que les llegará a los bolsillos de los jubilados y los pensionados de la Argentina.
