Este lunes por la mañana la Procuradora General de la Nación, presentó su renuncia luego de un proceso de desgaste y acorralamiento por parte del Gobierno Nacional, presidido por Mauricio Macri.
Tras dos años de hostigamientos de la Casa Rosada, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, la procuradora finalmente cedió a la presión y abandonará su cargo, debilitada por el procesamiento en su contra y el fallo que le permite al Gobierno echarla por decreto, además de la intención del gobierno de avanzar con una reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal para facilitar su remoción.
En tal sentido, Gils Carbó dijo que con su salida quiere evitar que se afecte la autonomía del organismo. «Estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del ministerio público fiscal», escribió en la carta que le mandó al presidente Mauricio Macri.
La procuradora agregó que dimite «con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento (de la autonomía de los fiscales), rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia».
El golpe definitivo a la procuradora se lo dio el juez federal, Julián Ercolini, que en base a una denuncia anónima basada en pinchaduras ilegales de mails, la procesó por irregularidades en la compra de un inmueble para la Procuración.
Gils Carbó, que ya preveía este desenlace y había conbtratado al ex ministro León Arslanian, para que explorara la posibilidad de una salida negociada. Días atrás, el Gobierno también había conseguido vía libre para echarla por decreto, a partir de un fallo que declaró incostitucional el juicio político como mecanismo de remoción de la procuradora. Pero Macri ya había descartado esa opción cuando Elisa Carrió salió a cuestionar la posibilidad, en una extraña maniobra que benefició Gils Carbó. Es por eso que en los últimos días los funcionarios habían optado por presionar para que al menos se pida licencia.
