En la noche de ayer los diputados nacionales votaron el presupuesto para 2017 con un fuerte ajuste sobre todo en materia de Ciencia y Tecnología y Derechos Humanos. Además el oficialismo, junto al bloque justicialista y los renovadores, logró aprobar la Participación público-privada en obras de infraestructura.
En una votación muy dividida, parte del peronismo y parte del Frente Para la Victoria acompañó al oficialismo. Así lo hizo una docena de legisladores, entre ellos el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, el camporista Daniel Di Stéfano, la chaqueña Sandra Mendoza y cuatro de los seis diputados del Peronismo para la Victoria, entre ellos la siempre hipercrítica Araceli Ferreyra. Los dos restantes se ausentaron.
Entre los votos positivos se registró la vuelta de Elisa Carrió, tras la operación cardíaca a la que fue sometida. El interbloque Progresista votó a favor, a excepción de Libres del Sur, que se abstuvo, en tanto que por el massismo, Héctor Daer también se abstuvo.
Ciencia y Técnica
El presupuesto original conjunto para el Ministerio de Ciencia, Conicet y Conae retrocedió a los niveles de inversión previos a 2011, al pasar del 0,8 por ciento del PBI durante los últimos años al 0,59 por ciento para 2017. Si se pone el foco únicamente el ministerio que conduce Lino Barañao, la reducción es aun mayor. Luego de la movilización de la comunidad científica el pasado jueves en rechazo del sablazo a los recursos para el año próximo, el oficialismo incorporó un aumento de 1290 millones con destino a la función de Ciencia y Tecnología. De ese monto, 700 millones irán directo al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. De esta manera, el presupuesto para dicha repartición queda en 2753 millones, lo que sigue siendo un 10 por ciento inferior al presupuesto de 2016, incluso sin contemplar el impacto de la inflación. El recorte no sólo deja al descubierto el ninguneo al conocimiento científico en sí sino también a la apuesta a la innovación con tecnología en la industria nacional. Esta posición concuerda con el modelo de economía primarizada y extranjerizada que plantea el macrismo.
Derechos humanos
La Secretaría de Derechos Humanos contará el año próximo con un presupuesto de 607 millones de pesos, 110 millones menos (o 15 por ciento inferior en términos nominales) al que fue destinado para este año, sin medir el impacto de la inflación.
