El juez Lorenzini echó a la cúpula de Vicentin y nombró interventores con poder total. Crisis, deuda millonaria y causas penales complican todo.
En un nuevo y drástico giro judicial, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, ordenó la intervención total de Vicentin, la histórica agroexportadora en concurso desde hace más de cinco años. La medida implica el desplazamiento provisorio de todo el directorio y la designación de dos interventores judiciales, Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quienes asumirán el manejo total de la compañía por los próximos 120 días hábiles.
Hasta ahora veedores del proceso, los interventores tendrán potestad para tomar decisiones operativas, financieras y administrativas. En el mismo fallo, Lorenzini justificó su decisión en la falta de caja, el cierre de plantas y una deuda posconcursal superior a los $30.000 millones. “La justicia concursal no fue pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores”, sostuvo el magistrado.
Una medida para evitar la quiebra
La intervención se ampara en el artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras, y busca evitar la aniquilación total de la actividad productiva, proteger una empresa aún viable y anticiparse a una quiebra de tipo liquidativa. La resolución también incluye una medida inhibitoria anticautelar, que impide a proveedores cortar servicios esenciales como energía, gas o seguridad, y ordena su restablecimiento si ya fueron interrumpidos.
El fallo abarca incluso a entes públicos como AFIP y gobiernos municipales. Si bien no impide que se inicien ejecuciones judiciales, sí suspende las medidas cautelares que comprometan el giro operativo de Vicentin.
Directorio suspendido y plan de acción
Los hasta ahora directivos —Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain— quedaron suspendidos sin goce de sueldo y deberán colaborar con los interventores. Estos últimos tienen diez días para presentar un plan de trabajo, identificar áreas críticas, convocar equipos de gestión y articular con la sindicatura y los acreedores.
Lorenzini fue contundente al señalar la inacción del directorio, su falta de propuestas para revertir la crisis y el cierre unilateral de las plantas en Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo, sin medidas alternativas. “El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje”, afirma el fallo.
Avance parcial y presión sindical
La intervención llegó apenas días después de que la empresa lograra reactivar parcialmente sus plantas de Avellaneda y Ricardone, tras un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A. Ese convenio permitió abonar el 40% de los sueldos de marzo y comprometió el pago del 40% restante, aunque el 20% sigue sin garantía concreta.
Pese a ese avance, el juez fue terminante: “Se ha tornado evidente la falta de condiciones mínimas de previsibilidad y responsabilidad por parte del directorio”, indicó. La nueva conducción deberá evitar el deterioro patrimonial, la pérdida de clientes y contratos vigentes, y rendir cuentas mensualmente.
Causa penal, default millonario y clima político
El colapso de Vicentin no es solo económico. La firma arrastra un default superior a los u$s1.500 millones desde diciembre de 2019, y la Corte Suprema de Santa Fe revocó en febrero la homologación del acuerdo preventivo aprobado en primera instancia, dejando la causa prácticamente en foja cero y habilitando la posibilidad de un cram down, aunque esa etapa aún no se formalizó.
Además, cuatro exdirectivos están detenidos con prisión preventiva, acusados de asociación ilícita y estafa por un presunto vaciamiento durante la gestión del default. En defensa de uno de ellos, Roberto Gazze, el exdirector del Rabobank, Gert-Jan Mulder, difundió una carta en la que cuestiona el tono mediático del caso y advirtió sobre “el riesgo de criminalizar la gestión empresaria”.
