El Gobierno de Javier Milei cerró un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que habilita un desembolso inicial de U$S 12.000 millones, pero con compromisos que exceden lo escrito y profundizan el ajuste. En la carta firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, se afirma que el Ejecutivo está “dispuesto a adoptar cualquier medida adicional que resulte apropiada para este fin y consultaremos con el personal técnico del FMI sobre la adopción de estas medidas”.
El documento compromete a la Argentina a avanzar en tres reformas estructurales: laboral, tributaria y previsional. Además, el Ejecutivo se compromete a abstenerse de aplicar políticas incompatibles con los objetivos del acuerdo y anticipa un uso intensivo del poder de veto frente a cualquier ley que implique un aumento del gasto público, incluso si es aprobada por el Congreso.
Una de las medidas más inmediatas será la modificación del régimen de subsidios a la energía. El Gobierno eliminará la segmentación vigente —que agrupaba a los usuarios según nivel de ingresos— y la reemplazará por un esquema más acotado, similar al que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri, destinado exclusivamente a hogares considerados vulnerables. Esto implicará que cerca de tres millones de usuarios de clase media quedarán excluidos del beneficio y comenzarán a pagar la tarifa plena.
La Secretaría de Energía, conducida por María Tettamanti, aplicará el nuevo sistema con un recorte proyectado del gasto en subsidios energéticos, que pasará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, según estimaciones del FMI. Las tarifas ya se incrementaron bruscamente: desde diciembre, la luz aumentó un 264% y el gas un 622% en hogares del AMBA sin subsidios.
Además, se avanzará en la desregulación del mercado mayorista de electricidad, habilitando a empresas a celebrar contratos sin la intermediación estatal de CAMMESA. Esta medida busca trasladar el costo real de la energía a los usuarios, generar competencia y reducir la presión fiscal. En paralelo, CAMMESA resolvió una deuda de USD 1.000 millones con generadoras y planea regularizar otra de USD 1.300 millones con distribuidoras.
En conjunto, las medidas apuntan a consolidar el superávit fiscal, pero a costa de fuertes impactos sociales y una mayor concentración de poder en el Ejecutivo. El Congreso, mientras tanto, queda en un rol marginal, mientras el país avanza hacia un nuevo esquema económico con cada vez menos margen para la discusión política.
