La histórica agroexportadora Vicentin atraviesa uno de los peores momentos desde el inicio de su crisis en 2019. El sábado 6 de abril, la empresa anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, por falta de fondos para abonar salarios y sostener los contratos de fazón, su única vía operativa desde que dejó de trabajar con granos propios. Con la producción detenida, más de 1.000 trabajadores directos y unos 3.000 empleos indirectos quedaron en el aire.
En un comunicado, la firma justificó la medida como una «protección de activos» ante un escenario financiero que calificó de insostenible. La nómina de marzo aún no fue pagada y no hay certezas de que puedan cumplir con los plazos legales. A esto se suma la interrupción de los contratos de fazón, que profundiza la parálisis productiva.
Desde el sector agroindustrial, la decisión fue leída como una jugada para presionar tanto a los inversores estratégicos —como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y el consorcio Bunge-Viterra— como a la Justicia santafesina. La Corte provincial había rechazado el acuerdo en el proceso concursal, lo que trabó cualquier avance en la reactivación de la empresa.
El panorama es crítico y sin soluciones a la vista. Desde el gremio aceitero advirtieron que, si no se abonan los sueldos adeudados, podrían impulsarse medidas de fuerza que afectarían a toda la cadena productiva. Como si fuera poco, Vicentin mantiene una deuda superior a los 400 millones de pesos con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que podría cortar el suministro eléctrico en la planta.
En el plano judicial, la situación también se agrava: la semana pasada, la Justicia de Rosario dictó prisión preventiva a cuatro exdirectivos de la firma, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por más de 600 millones de dólares. Un escándalo que volvió a sacudir al sector, sobre todo por el peso que supo tener Vicentin en la molienda nacional: llegó a concentrar el 10% de la capacidad instalada.
