En el marco de políticas destinadas a desregular mercados y reducir la capacidad del Estado para intervenir en beneficio de los consumidores, el Gobierno nacional anunció la derogación de 43 normas que calificó como “restrictivas” en el ámbito del comercio. Estas medidas forman parte de un proceso de desburocratización que impactará tanto al sector privado como al público.
A través de las Resoluciones 433 y 434/24, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, la administración libertaria eliminó regulaciones que le permitían al Estado fijar precios, supervisar mercados o solicitar información clave para monitorear actividades económicas. Entre las disposiciones eliminadas, se encuentra una resolución que regulaba los trámites para la homologación de neumáticos, medida que podría generar menores controles y estándares en el sector.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró las derogaciones al considerarlas un avance hacia “la libertad” defendida por el presidente Javier Milei. “Estas normas solo complicaban el sistema de precios y encarecían los costos, que terminaban trasladándose a los consumidores”, afirmó. En línea, destacó que las medidas buscan «construir una Argentina más libre», aunque las críticas señalan que estas decisiones podrían favorecer la concentración económica y afectar los derechos de los consumidores.
Las normativas derogadas abarcaban controles estratégicos en sectores como la carne vacuna, los alimentos lácteos, los supermercados, las farmacias y los servicios de comunicación, así como pedidos de información a empresas e instituciones educativas. También se eliminaron programas considerados “en desuso” que, según el Gobierno, no se alineaban con sus políticas de simplificación.
En los considerandos de las resoluciones, se argumenta que estas medidas apuntan a eliminar “trabas y obstáculos al comercio” que, según el oficialismo, habrían encarecido los costos para los proveedores, afectando finalmente los precios para los consumidores. Sin embargo, sectores críticos advierten que esta desregulación podría implicar una menor capacidad del Estado para garantizar precios justos y evitar abusos por parte de grandes empresas.
Además, estas acciones se suman a la derogación de otras 107 normativas implementadas previamente, como las licencias automáticas y no automáticas, el SIRA, el DJCP, y programas como Precios Cuidados y SIPRE. Estas iniciativas buscaban monitorear precios y cantidades en el mercado, herramientas que ahora quedan desmanteladas en pos de una mayor liberalización económica.
