El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó oficialmente que el Gobierno enviará al Senado los pliegos de 150 jueces, fiscales y defensores para cubrir la gran cantidad de vacantes existentes.
“Esta cifra supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Este Gobierno recibió una Justicia con vacantes del 30%, es decir que uno de cada tres juzgados no tiene juez. Además, una de cada dos fiscalías no tiene fiscales”, detalló Adorni.
Dijo que el Poder Ejecutivo “espera que el Senado de la Nación tenga la sensatez de tomar esta iniciativa con responsabilidad absoluta”, ya que “los ciudadanos esperan que no haya más impunidad en la República Argentina”.
El vocero estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien precisó que actualmente existen 311 vacantes de jueces, 161 de fiscales y 80 de defensores. Al respecto, recordó la “preocupación” que esas vacantes generan en organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que en los últimos tiempos recomendó al Gobierno cubrirlas.
Amerio responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Exfuncionario de la Corte Suprema, este amigo de la juventud del hombre de mayor confianza del presidente Javier Milei es además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano que concursa y sanciona jueces.
Según trascendió, el envío de los pliegos a la Cámara alta se hará en tandas de 20. Además a todos los postulados hay que pedirles una declaración jurada y la actualización del currículum, que algunos no enviaron aún.
Según la ONG Compromiso Judicial, “solo entre los 602 Juzgados y Tribunales Nacionales y Federales del país, hay a la fecha 241 vacantes, de las cuales, 51 están a consideración del Poder Ejecutivo y 24 en el Senado de la Nación”.
En el anuncio no hubo precisiones sobre si se cubrirán puestos clave como los de jueces federales o en la Cámara Nacional de Casación Penal.
Como trasfondo de la medida está la negociación por los nombramientos que el gobierno quiere hacer en la Corte Suprema: el del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla. El reloj de arena está corriendo en ese escenario, porque el 29 de diciembre, cuando Carlos Maqueda cumpla 75 años, en la Corte quedarán solo Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
El mecanismo
Los jueces federales de todo el país se designan por concurso en el Consejo de la Magistratura, presidido por presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo está integrado por diputados y senadores de la oposición y el oficialismo, además de jueces que representan a sus pares, abogados y académicos.
Además de realizar los concursos, los consejeros deben elaborar las ternas (tres candidatos) para enviar a los elegidos al Ejecutivo. Para ello, se requiere del consenso y la negociación entre todos los sectores que conforman el organismo. De allí, que el Consejo de la Magistratura se convirtió en el escenario de pujas, acuerdos y disputas entre la política y los jueces por el diseño del poder Judicial: quien tiene más poder en este organismo, tiene más jueces en el sistema.
Tras recibir la terna, el Presidente debe elegir a uno de los tres candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura y enviar el pliego del posible juez al Senado. Luego, los senadores deben evaluar y votar el pliego o rechazarlo. En el caso de los jueces y fiscales federales y nacionales sólo se requiere una mayoría simple en la votación.
El procedimiento para nombrar fiscales federales es similar pero lo realiza otro organismo: la Procuración General de la Nación. Es por concurso y también se elabora una terna que se envía al Presidente. Luego el Senado, evalúa y vota al candidato enviado por el Ejecutivo. (DIB)
