El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio a conocer hoy las leyes que el Gobierno pretende eliminar a partir del proyecto de “Ley Hojarasca” que fue enviado en las últimas horas al Congreso de la Nación.
El funcionario de Javier Milei señaló que la normativa “propone eliminar una cantidad de legislación vetusta y sin aplicación práctica”, entre las que destacó “algunas cosas divertidas”.
Asimismo, en su cuenta de X detalló que se plante eliminar distintos tipos de leyes: las “que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad”, las que “eliminan trámites inútiles”, las que “fueron superadas, actualizadas y mejoradas”, las que quedaron “obsoletas por los cambios tecnológicos”, las que “que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que ya no existen” y las que “crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos”.
En el primer grupo, el Ejecutivo intentará derogar las leyes N° 14.034 (1951), N° 18.312 (1969), N° 19.787 (1972), N° 20.120 (1973), N° 20.802 (1974), N° 20.959 (1975), N° 20.983 (1975), N° 22.875 (1983) y N° 22.964 (1983).
Entre estas se destaca la N° 20.959 que les da a los legisladores el beneficio de “una credencial personal e intransferible que los habilitará para la libre circulación y el libre estacionamiento de los automotores que utilicen”. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”, sostuvo Sturzenegger.
En el segundo grupo, el de las que fueron superadas, se incluye una ley de 1864 (la N° 94) que plantea una situación insólita pensada desde la actualidad y sostiene que “todo el que ejerciendo autoridad civil o militar hiciese azotar algún individuo de cualquier clase o condición que fuere, será declarado inhábil para ejercer ningún empleo nacional durante diez años”.
Asimismo, se busca eliminar la Ley 20.843 (1974) que garantiza el padrinazgo del Presidente en funciones para el séptimo hijo varón o la séptima hija mujer. Asimismo, plantea la derogación de las leyes 3.863 (1899), N° 16.789 (1965), N° 17.557 (1967), N° 20.400 (1973), N° 21.778 (1977), N° 22.109 (1979), N° 23.678 (1989) y 24.675 (1996).
Entre las normativas que el Gobierno considera obsoletas y busca derogar también están las leyes N° 448 (1870), N° 3.235 (1895), N° 16.879 (1965), N° 18.569 (1970), Ley N° 20.114 (1973), Ley N° 23.756 (1989), N° 19.648 (1972), N° 20.577 (1973), N° 21.895 (1978) y N° 23.888 (1990).
Algunas polémicas
En el ítem cuatro hay algunas eliminaciones de leyes que pueden generar polémica. Entre estas están la N° 14.800 que declara “de interés nacional a la actividad teatral2 y que en caso de demolición de un teatro obliga al propietario del lugar a construir un edificio teatral de similares características al destruido.
Otra ley a derogar que podría generar tensiones es la N° 25.750 (2003), de preservación de bienes y patrimonios culturales. Esta establece “que la propiedad de los medios de comunicación” tendrá que “ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario”.
Entre otras, el Gobierno también busca eliminar las leyes N° 17.752 (1968), la N° 19.340 (1971), la N° 19.363 (1971), la N° 20.308 (1973), la N° 20.496 (1973), la N° 20.876 (1974) y la N° 21.056 (1975). Esta última, señaló Sturzenegger, “fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo como si las imposiciones del Estado, por más buenas intenciones que albergaran, no tuvieran costo para los privados”.
Entre las normas “que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos” se busca terminar con las leyes 11.245 (1923), N° 11.380 (1926), N° 12.307 (1936), N° 13.521 (1949), N° 14.578 (1958), N° 17.584 (1967) y N° 20.085 (1973), entre otras.
En tanto, en el ítem seis, el Gobierno busca eliminar el financiamiento del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina (incluido en la Ley N° 20.984, de 1975) y de la Federación Argentina de Municipios (incluido en la Ley N° 24.807, de 1997).
“Se propone su modificación para que el financiamiento de dicha Federación no provenga de las arcas del Tesoro sino de los municipios que quieran participar del mismo”, aseguró Sturzenegger sobre la eliminación de la normativa vinculada a las comunas, que también podría generar polémica. (DIB)
