El cotitular de la CGT, Héctor Daer, aseguró que la Argentina encabeza el ranking de países que más apoyo otorgaron a los trabajadores durante la grave pandemia de coronavirus, y afirmó que esa realidad «no fue casual sino que representa un logro a partir del trabajo conjunto entre la central obrera y el Gobierno» de Alberto Fernández.
El titular de la Asociación Trabajadores de la Sanidad (ATSA) se refirió de esa forma en su cuenta de Twitter al informe difundido este viernes por la UNI Global Union y la CSI respecto del análisis global de apoyo legal de los Estados a los trabajadores, que clasificó a 181 naciones sobre los efectos de la Covid-19 y cuyo ranking encabeza Argentina.
Daer sostuvo en su cuenta de Twitter que la mirada argentina de protección a los trabajadores «es única en el mundo», y agregó que el país fue «el que más medidas adoptó para preservar el empleo y cuidar a la población ante el impacto de la Covid-19».
El informe
Los primeros cinco países del ranking fueron Argentina, Austria, Suecia, Francia y España.
El primer análisis global de apoyo legal para los trabajadores clasificó 181 respuestas gubernamentales a la grave pandemia y, según ese estudio de las entidades, la Argentina encabeza el ranking en relación con el apoyo otorgado a los trabajadores en la crisis.
El estudio «Covid-19: Una enfermedad ocupacional» de la UNI Global Union y la Confederación Sindical Internacional (CSI) sostuvo que el 98 por ciento de los trabajadores del mundo no reciben el subsidio por la enfermedad, el reemplazo de salario y los beneficios sociales para soportar la grave pandemia de coronavirus.
El informe clasificó niveles de compensación laboral, programas de seguridad social y sistemas de salud pública en 181 jurisdicciones nacionales y regionales, incluyendo 124 países, 37 estados de Estados Unidos, 13 provincias y territorios canadienses y 7 estados australianos, en tanto las 10 jurisdicciones mejor calificadas -que incluyó a Argentina, Massachusetts, New Hampshire y Nueva Jersey- ofrecen el mejor apoyo para los trabajadores afectados por el virus, aunque son el 2 por ciento de la población activa.
«Ello deja a la gran mayoría de trabajadores con provisiones y beneficios limitados si se contagian. A su vez, 98 jurisdicciones reconocen a la Covid-19 como una enfermedad ocupacional a través de un proceso regulatorio formal que permite a los contagiados en el lugar de tareas acceder a protecciones y derechos sociales, como subsidio de enfermedad, atención médica y reemplazo de salario, que de otra forma no tendrían», sostuvo el documento.
«Aun reconociendo el coronavirus como enfermedad ocupacional, los Gobiernos a menudo niegan los beneficios porque los trabajadores no pueden demostrar que lo contrajeron en el empleo. Para resolver el problema, el 6 por ciento de las jurisdicciones estudiadas adoptaron presuntas leyes o políticas que significan suponer que la enfermedad se contrajo en el trabajo», afirmó Christy Hoffman, secretaria general de la UNI Global Union.
También sostuvo que «los Gobiernos le fallan a los trabajadores de primera línea al obligarlos a asumir cargas físicas, psicológicas y financieras de la Covid-19 por su cuenta, y son a menudo mujeres, migrantes y personas de color que no deberían tener que elegir entre su salud personal y financiera», por lo que aseguró que el reconocimiento de la enfermedad como ocupacional garantizará esos beneficios y las compensaciones.
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, puntualizó a su vez que los trabajadores de primera línea en la pandemia deben tener protección social; aseveró que «una recuperación resiliente necesita un nuevo contrato social que ofrezca beneficios y compensaciones», y se pronunció por un Fondo Mundial de Protección Social como primer paso hacia «la instrumentación de los derechos universales», por lo que exhortó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a reconocer el mal como «ocupacional».
Solo diez jurisdicciones (5,5%) recibieron las calificaciones más elevadas, en tanto el subsidio de enfermedad está disponible en 104, lo que significa que casi el 43 por ciento de los trabajadores no tiene acceso a la licencia por enfermedad remunerada.
Fuente: Telam
