Más de dos millones de pesos desviados, dos empleadas municipales detenidas y un posible entramado de corrupción en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social de Pinamar forman parte de una causa judicial que avanza en la investigación del robo de más de 250 tarjetas del Programa Alimentar en el municipio costero del intendente Martín Yeza, de Juntos x el Cambio. Este lunes agrupaciones feministas y vecinos autoconvocados concentrarán frente al edificio municipal para reclamar el esclarecimiento de los hechos, pedir la interpelación de Yeza, la renuncia de los responsables del área de Desarrollo y la devolución del dinero a las familias perjudicadas.
A las 11 horas del lunes, el secretario de Desarrollo Social de Pinamar, Javier Tumas, está citado por los bloques opositores del Concejo Deliberante para participar de la Comisión de Seguridad de ese cuerpo legislativo. Si responde a la cita, el hombre será interpelado y deberá dar explicaciones sobre el escándalo de las tarjetas Alimentar que explotó en Pinamar el pasado jueves, cuando agentes de la Policía Federal allanaron las oficinas de la Secretaría en el marco de una causa por «defraudación en perjuicio de la administración pública».
Tras ese allanamiento, y otros realizados en distintos puntos de Pinamar, seis personas resultaron detenidas, dos de ellas empleadas de la Secretaría, acusadas de haberse quedado en noviembre de 2020 con más de 250 tarjetas del programa que no fueron entregadas a sus correspondientes beneficiarios. Según la hipótesis de los investigadores, el fraude habría sido perpetrado en conjunto con comerciantes de Pinamar y del municipio de Vicente López, donde también se allanó un negocio.
Es que, como su nombre lo indica, la Alimentar solo puede ser utilizada para comprar alimentos, por lo que los responsables del fraude habrían creado dos comercios «fantasmas» con terminales posnets a través de las cuales lograron vaciar las tarjetas y transferir el monto total, que supera los dos millones de pesos, a sus cuentas personales del Banco Provincia. Mientras tanto, a los verdaderos destinatarios de las tarjetas nunca se les notificó que el plástico ya estaba disponible.
Durante el mismo mes de noviembre, fue la Fiscalía N° 4 de Dolores, a cargo de Mario Pérez y especializada en delitos de corrupción de funcionarios, la que comenzó a investigar los hechos tras recibir una denuncia anónima sobre las irregularidades en las entregas de las tarjetas. Nora Ponce, funcionaria que por entonces era directora general de Gestión y Coordinación Territorial, dependiente de la Secretaría y a cargo del reparto de las tarjetas, aseguró en las últimas horas a la radio Estación Marina de Pinamar que en noviembre, al advertir las irregularidades, ella también había presentado una denuncia por los hechos y que tanto Tumas como Yeza estaban al tanto de esa presentación.
Las declaraciones de Ponce abrieron una interna dentro del Ejecutivo pinamarense, ya que el propio Tumas indicó que Ponce nunca le remitió dicha información. Misteriosamente, a principios del mes corriente Ponce fue removida de la Dirección de Gestión y transferida a un nuevo cargo como directora de Economía Social. Al respecto, Tumas declaró que el desplazamiento fue por un «mal desempeño en su función”.
Lo cierto es que las dos empleadas detenidas respondían directamente al área de Ponce, que funcionaba bajo la supervisión de Tumas, por lo que tanto los bloques opositores como las organizaciones que movilizarán este lunes consideran que las explicaciones son pobres de ambos lados. En este sentido, en la concentración se pedirá que el propio Yeza sea quien brinde las respuestas del caso.
«La marcha va a reclamar la interpelación del intendente, la renuncia de los responsables del área y que se devuelva la plata a quienes corresponda», dijo a Página/12 Cecilia Bertolino, una de las convocantes a la jornada de protesta que fue impulsada principalmente por la agrupación feminista Mumalá, con apoyo de Mujeres por Pinamar y Autoconvocadas Pinamar. Bertolino, periodista y directora del portal Identidad Feminista, explicó que cerca del 90 por ciento de las destinatarias de la tarjeta son madres jefas de hogar.
Además, calificó el estado de ánimo de la población pinamarense como «de mucha indignación». Según contó, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la situación de las familias más vulnerables recrudeció fuertemente en la ciudad y las agrupaciones que trabajan con las personas en situación de calle fueron las encargadas de ponerse al hombro la asistencia social con ollas populares, entregas de viandas, donaciones de alimentos y ropa.
El año pasado, el Ejecutivo municipal creó un «comité de crisis» para paliar la situación, pero según las organizaciones las respuestas de la Secretaría de Desarrollo no fueron las necesarias. Es en este contexto crítico que apareció el escándalo de las tarjetas Alimentar y es por eso que más de veinte agrupaciones adhieren este lunes a una marcha que estiman será muy concurrida.
Oficialmente, hasta el momento desde la Secretaría solo emitieron un comunicado en el que afirmaron que «se prestó colaboración con las autoridades requirentes a los fines del esclarecimiento de los hechos investigados», y que las autoridades municipales continuarán «con todas las medidas de colaboración solicitadas e instarán los trámites correspondientes a los fines de investigar los hechos».
Fuente: Pagina12
