Según las dos organizaciones gremiales de Vialidad -Sindicato de Trabajadores de Vialidad y la Federación del Personal de Vialidad Nacional-, el desproporcionado crecimiento de la cantidad de gerencias, subgerencias y direcciones armadas por la administración macrista llevó a que las gerencias pasaran de tres a 88 y las subgerencias de 28 a 64.
Otra de las irregularidades, es que el gerente de una empresa contratista pasó a ser gerente Ejecutivo de Licitaciones y Compras de Vialidad, con lo cual adjudicó licitaciones y obras la empresa a la que pertenecía.
La suma de casi un centenar de nuevos empleados con categorías jerárquicas, no tuvo como objetivo hacer más y mejores obras. De 2.800 kilómetros prometidos de autopistas se hicieron 365, apenas el 13 por ciento. Y de 4.000 kilómetros de rutas seguras no se construyó ni un sólo kilómetro. Todo lo que se hizo fue repavimentar. El colmo es que una parte de los pseudo–gerentes reclama indemnización y otros se fueron dejando cerradas sus oficinas y no entregaron ni los automóviles del Estado ni las computadoras ni los celulares.
El flamante ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se encontró con que el 60 por ciento de las obras paradas, incluyendo algunas que estaban con significativos avances en 2015. Un primer listado hecho por los técnicos de Vialidad indica que hay 181 obras paralizadas. Pero incluso las que figuran en ejecución están también prácticamente paradas, con muy pequeños avances y habiendo despedido a la mayoría del personal.También es falso que el macrismo construyó rutas a un 40 por ciento menos del costo, comparado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: las redeterminaciones de precios multiplicaron por cinco y por nueve los valores a los que se adjudicaron las obras en épocas de la expresidenta de la nación.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Graciela Aleña, presentó una denuncia penal en febrero de 2019 contra los titulares de Vialidad Nacional, en especial Javier Iguacel, por las obras de la ruta 8: fueron licitadas en la etapa final del gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, por 285 millones de pesos y se le pretendía pagar a Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, la suma de 2.500 millones. Casi nueve veces más. La obra se rediseñó con el argumento de que produciría un ahorro, pero la encareció en un 120 por ciento. A otros dos tramos se les autorizó aumentos del 35 y el 40 por ciento a valores constantes, pero justito el tramo de Calcaterra tuvo un encarecimiento del 120 por ciento.
En la obra del Puente de la Noria pasó lo mismo. A fines de diciembre de 2015, el valor de la obra estaba oficialmente calculado en 274 millones de pesos. Cuando se hizo la inauguración parcial, el propio gobierno mencionó la cifra de 2.000 millones de pesos. Casi ocho veces más. Siguiendo los índices inflacionarios, no debió costar más de 700 millones.
La puerta giratoria
El gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras, Roger Botto, fue gerente del Grupo Abertis, en el que tiene un papel preponderante el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y que es socio de Ausol, la concesionaria de la Panamericana, en sociedad con el Grupo Macri. De hecho, Botto fue director suplente de Autopistas del Sol. Hoy la justicia investiga la forma en la que el gobierno de Cambiemos aumentó los peajes y después Macri vendió su parte en Ausol, con acciones que subieron de cuatro pesos (4) a 75,50.
El gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos fue Ricardo Stoddart, socio en el estudio jurídico Marval, O’Farrel & Mayral, precisamente el que representó a Ausol en la renegociación del contrato de concesión. Judicialmente también se investiga un grotesco pago que le hizo el estado a Ausol alegando que había una demanda ante el CIADI, el tribunal que depende del Banco Mundial.
El gerente de obras fue el ingeniero Mariano López, ex coordinador de Control de Gestión de IECSA, la empresa que era del primo de Macri, Ángelo Calcaterra. La compañía que fuera del grupo del presidente consiguió numerosas obras e incluso redeterminaciones de precios superiores a otras empresas que construían tramos de las mismas rutas.
Los gerentes Botto y Stoddart no sólo no renunciaron finalizada la administración Macri, sino que mandaron carta documento reclamando que se les aclare la situación laboral, es decir que quieren indemnización.
Los asesores Martín Pourrain y Guillermo Fernández Vidal se hacen los distraídos: parece que no se dieron cuenta que el concepto de asesor está ligado a la persona que asesora y que si ésta última se va, también el asesor debe irse con él. Ni Pouirrain ni Fernández Vidal presentaron renuncia. Es más, se retiraron de Vialidad dejando las oficinas cerradas con llave y no entregaron las pertenencias del estado: auto, computadora, celular.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, advirtió que «llevará a la Justicia» las irregularidades detectadas en el área de Vialidad Nacional durante la anterior administración.
