– @randystagnaro | Tiempo Argentino
Un informe oficial asegura que se convirtió en la única fuente de financiación del déficit fiscal del macrismo. El financiamiento a proyectos productivos cayó dos tercios. Además, cambiaron las normas internas de control de inversiones.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), comúnmente conocido como “la plata de los jubilados”, perdió el 70% de su valor medido en dólares entre 2016 y 2019, según un documento oficial al que tuvo acceso Tiempo.
El paper, elaborado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), asegura que la nueva conducción de Anses, que asumió el pasado 10 de diciembre y encabeza el economista Alejandro Vanoli, “hereda un sistema previsional comprometido”.
Además, el informe indica que el deterioro del FGS incluye una degradación de los órganos de decisión, ya que las medidas que se fueron tomando en materia de inversiones fueron aprobadas por apenas una de las cuatro personas que componen el Comité de Inversiones.
Según los registros oficiales, al 31 de diciembre de 2015, los activos del FGS sumaban 664.029 millones de pesos, algo así como 70 mil millones de dólares. Ahora, ese valor medido en la moneda estadounidense está en 22 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe.
La causa de este desempeño pésimo para las finanzas del FGS se puede rastrear en las sucesivas devaluaciones del peso durante el gobierno de Macri, que llevaron a que el precio del dólar acumulara un alza del 520%, mientras que la inflación fue del 300 por ciento.
Al estar buena parte de las inversiones del FGS en activos denominados en pesos, las devaluaciones hundían el valor total del Fondo. Ni las elevadas tasas de interés, incluso por encima de la inflación, pudieron doblegar al dólar en su escalada de estos cuatro años.
Financiar al Estado
El informe oficial de Anses indica que “La tenencia de títulos públicos ha pasado de representar el 58% de la cartera al 64%”. Esta es una de las causas de la vulnerabilidad del FGS ante las devaluaciones del peso.
En rigor, la ley 24.241 –que regula el funcionamiento de todo el sistema jubilatorio argentino, incluido el uso de los fondos acumulados- establece que hasta el 50% del total de los activos del FGS podrá ser invertido en títulos públicos. La recientemente sancionada Ley de Solidaridad incrementó ese porcentaje hasta el 70% como medida transitoria hasta el 31 de diciembre de 2023.
El FGS es la consecuencia de la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Los fondos que manejaban las AFJP –alimentados por los aportes mensuales de unos cuatro millones de trabajadores- fueron a conformar el FGS. En ese sentido, el FGS era efectivamente el dinero acumulado por los trabajadores en actividad con el cual se pagarían sus jubilaciones futuras.
Arrancó con un valor cercano a los 60 mil millones de dólares, en 2008, y llegó hasta los mencionados 70 mil millones en 2015.
Según el informe oficial, el FGS “Ha auxiliado al Tesoro en colocaciones directas porque es prácticamente el único organismo que ha financiado el creciente déficit fiscal del gobierno anterior, comprometiendo su capacidad de financiar la economía real”.
El 27 de septiembre pasado, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 668/2019 por el cual obligaba a todos los organismos estatales nacionales a “invertir sus excedentes transitorios de liquidez” en la “suscripción de Letras precancelables emitidas a un plazo que no exceda los ciento ochenta (180) días por el Tesoro Nacional”.
La situación financiera que el decreto buscaba corregir hablaba claramente de un escenario fiscal de extrema tensión. El FGS fue incluido en esa disposición, de la que fue excluido con la Ley de Solidaridad.
Al convertirse en un bastón para sostener el déficit fiscal del gobierno, el FGS debió abandonar poco a poco la financiación del sector privado. De acuerdo con el informe oficial, «La inversión en proyectos productivos descendió fuertemente del 13% en diciembre de 2015 al 4,8%, y están concentrados en Procrear 2 y Atucha 2».
«Se ha disminuido fuertemente el aporte a proyectos productivos esenciales para el crecimiento económico», agrega. Así, la caída del financiamiento del FGS al sector productivo fue de dos tercios en cuatro años.
Dólares y pesos
Financiar al Estado nacional conlleva riesgos de los que el default es uno de los más graves. Pero antes de llegar a ese extremo, los vaivenes de la situación fiscal y económica pueden derivar en que los activos emitidos por el gobierno nacional pierdan su valor con fuerza.
Esto es lo que sucedió entre 2018 y 2019 con los activos del FGS invertidos en deuda pública nacional. El uso del FGS no está al servicio de lograr la mejor rentabilidad posible al dinero que financiará las futuras jubilaciones sino que apunta a salvar al gobierno de turno de sus problemas fiscales.
La evolución de la tenencia de títulos públicos nacionales en pesos y en dólares en poder del FGS muestra este dilema. Cuando se produjo la primera gran devaluación del peso, en abril de 2018, los administradores del FGS venían acumulando títulos en pesos, con lo que la devaluación los agarró con la guardia baja. En los siguientes cinco meses, los jefes del FGS se desprendieron de un enorme volumen de títulos públicos en pesos, los que cayeron nada menos que 14 puntos porcentuales, al tiempo que los papeles denominados en dólares pasaban a ser mayoría. Pero esta inversión de los términos fue muy onerosa ya que los títulos en pesos que el FGS vendía habían perdido proporcionalmente más valor que los papeles en dólares.
A partir de octubre de 2018, con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marcha, el FGS volvió a acumular títulos en pesos hasta llegar al récord de casi el 60% del total. Y en esas condiciones le llegó el tsunami devaluatorio pos PASO de agosto
Controles laxos
El informe de Anses asegura que el deterioro del FGS incluyó aspectos internos que permitieron que las inversiones tuvieran por resultado el descalabro financiero. «Las medidas del gobierno de Cambiemos han deteriorado la cartera del FGS incluyendo más activos públicos en condiciones totalmente fuera de mercado», advierte.
Según el trabajo, «Los funcionarios no han suscripto las actas o lo hicieron expresando su ausencia de conformidad administrativa, aprobándose sólo con la firma del Secretario Técnico que tiene delegada la firma del Director Ejecutivo».
El gobierno de Macri designó al frente de la Anses a Emilio Basavilbaso, quien dirigió el organismo previsional a lo largo de todo el mandato de Cambiemos.
«Las normas internas de políticas de inversión han sido suprimidas, modificadas o dejadas de lado, incluyendo el operar títulos públicos en mercados supervisados por la Comisión Nacional de Valores bajo normas de transparencia», agrega el trabajo.
A lo largo de la administración Cambiemos, el FGS fue materia de polémica por las distintas decisiones que se tomaron con sus fondos. De hecho, su primer administrador, Luis María Blaquier, está procesado en una causa que investiga si se benefició con la compra de Obligaciones Negociables emitidas por Cablevisión y Arcor. Blaquier había sido directivo de las empresas y como tal, había autorizado las emisiones. Luego, como jefe del FGS, autorizó las compras. «
Movilidad, a la Justicia
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, le confirmó a Tiempo que presentará una demanda en la Justicia contra la suspensión de la movilidad jubilatoria apenas concluya la feria. Los tribunales vuelven a atender desde el 3 de febrero.
Semino indicó que la argumentación de su presentación apuntará a que «la fórmula suspendida ya generó efectos sobre el pago correspondiente a marzo próximo». La fórmula de movilidad suspendida por la Ley de Solidaridad basa sus cálculos en la evolución de los índices de precios y de salarios de un semestre previo. En noviembre pasado –cuando se dieron a conocer los datos de salarios e inflación de septiembre– se supo que el incremento de marzo sería del 111,57 por ciento.
Este porcentaje vale no sólo para calcular la movilidad de los haberes previsionales, sino también de los planes sociales y las cuotas del monotributo.
«Se ingresa a un escenario similar al del empalme de 2017», indicó Semino. En aquella oportunidad, el gobierno de Mauricio Macri no pagó la movilidad de diciembre de ese año. La Justicia de primera y segunda instancia ya determinó que ello fue ilegal.
«No es un problema de fórmula», reflexionó Semino. «Se trata de un problema estructural, de una situación financiera frágil y de la necesidad, en ese contexto, de mostrar voluntad de pago de la deuda pública y la plata está en la Anses», detalló.
Semino agregó que por el cambio de la fórmula que aplicó el macrismo, los jubilados y pensionados perdieron 25 puntos porcentuales de sus ingresos. «Pero justo cuando comenzarían a recuperar algo de esa pérdida por el impacto de la inflación pasada en el cálculo de la movilidad, esta se suspende», observó.
En ese cuadro, «la solución a la que ha apelado el gobierno no es la mejor ya que va a pagar costos políticos prematuramente y, además, genera un estado de litigiosidad. El gobierno debería explicar con claridad la situación e ir a una solución de otras características», concluyó.
