El juez Alejo Ramos Padilla, que investiga maniobras de espionaje ilegal en el llamado “D’Alessiogate”, presentó un descargo con tono de contraataque ante el Consejo de la Magistratura. En ese organismo, la Comisión de Disciplina y Acusación le dio aire a una investigación en su contra, basada en una denuncia del Gobierno ampliada con las escuchas de la llamada “Operativo Puf”, tomadas a ex funcionarios detenidos en el penal de Ezeiza, con las que el oficialismo y algunos imputados en la causa de Dolores pretenden desacreditar la causa que los involucra. “El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable, se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia, el ministro de Justicia, el representante del Poder Ejecutivo (en el Consejo), sus aliados políticos y judiciales, contra mi defendido”, dice uno de los escritos presentados por la defensa, que ejerce su padre, el juez Juan Ramos Padilla. Allí se plantea abiertamente que el objetivo del pedido de juicio político es obstaculizar la causa de Dolores y poner en juego intereses electorales. En otro escrito, el juez denunciado explica su postura y pide la desestimación de la denuncia y, en un tercero, hay un pedido para que declaren ante el Consejo desde el propio Macri, el ministro Germán Garavano, los jefes de la AFI, el juez Federico Villena que ordenó las escuchas en el penal de Ezeiza luego utilizadas para armar una causa, las dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic que usaron las escuchas, el juez Claudio Bonadio que las investiga, los presos espiados, un grupo de periodistas y hasta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La acusación empezó con una denuncia del Gobierno, que elevó el representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Mahiques, a pedido del ministro Garavano: decía que era irregular la exposición que Ramos Padilla había hecho en el Congreso explicando la investigación que tenía en marcha ante la repercusión pública y al ser convocado. A esa se agregó una presentación de un abogado que señalaba la existencia de escuchas telefónicas donde presos del penal de Ezeiza hablaban con conocimiento de la extorsión que había sufrido el empresario Pedro Etchebest, quien luego denunció al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli. El expediente está a cargo del consejero y diputado oficialista Pablo Tonelli. En el organismo desde distintos sectores dicen que es poco factible que se haga lugar a todos los testimonios pedidos por Ramos Padilla, pese a que funcionarios, jueces y legisladores pueden declarar por escrito.
El juez de Dolores advirtió que del material que se le entregó no surge ninguna acusación concreta en su contra. De todos modos, defendió su presentación pública en el Congreso como modo de satisfacer el derecho de “acceso a la información”. “Es un deber de los magistrados dar cuenta a la ciudadanía de la resoluciones dictadas y del contenido de una investigación de gravedad institucional”, sostuvo. También se lo acusó de haber entregado material de la causa a un abogado para que se lo diera a CFK. Ramos Padilla calificó esa versión como “insólita”. Se planteó que era incompetente para investigar el “D’Alessiogate” y él recordó que su competencia tiene respaldo de las cámaras de Mar del Plata y de Casación Penal Federal. A los reproches porque no usa el Programa de Protección de Testigos e Imputados y, en cambio, se apoya en el de Veradad y Justicia, recordó que el primero está investigado porque “pudo haber colaborado con maniobras para direccionar el testimonio de un imputado-arrepentido”, en relación a Leonardo Fariña cuando declaró sobre obra pública. También objetó que el Consejo incorpore planteos de dos de los imputados por él: “uno de ellos detenido (D’Alessio) y el otro rebelde (Stornelli)”.
Un tramo importante de su presentación y otra, íntegra, firmada por su padre, alude específicamente la cuestión de las escuchas filtradas a medios de comunicación, con conversaciones privadas de detenidos, para generar dos causas paralelas en Comodoro Py con el objetivo de perjudicar a la de espionaje. “Se me quiere apartar a través de este procedimiento irregular ante este Consejo de la Magistratura y se recurre para ello a elucubraciones absurdas que se construyen a partir de la utilización indebida de escuchas que la Corte Suprema ha señalado que no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social pues constituyen un atentado a la confianza pública”, dice Ramos Padilla hijo.
El escrito del defensor Ramos Padilla dice que las escuchas con que se lo quiere involucrar al juez de Dolores en un supuesto complot contra la causa de las fotocopias de los cuadernos son “pruebas manifiestamente ilegales” y que llama la atención que los consejeros –que deben analizar la conducta de jueces– “no adviertan a los magistrados y funcionarios públicos que han llevado adelante una captación, acumulación y circulación de escuchas violatoria de los preceptos más elementales del Estado de Derecho”, ni investiguen a quienes filtran y utilizan las escuchas. El escrito hace corresponsables al Ejecutivo, la AFI, legisladores y jueces. Todo este mecanismo, dice, se puso en marcha “a partir de la obtención de las primeras pruebas que daban cuenta de la gravedad institucional que podía alcanzar la investigación de Dolores”, donde de hecho son investigados ex agentes de la AFI, un funcionario de ese organismo, fiscales, el juez Bonadio, Carrió, Oliveto y Zuvic, quienes causalmente fueron las que alegaron recibir las escuchas en cuestión de forma anónima y con eso hicieron una denuncia. Luego Stornelli hizo otra, también con un anónimo de una supuesta simpatizante suya. “En ambos casos se les advertía sobre conversaciones de ex funcionarios presos que fueron obtenidas a partir de una práctica que se conoce como ‘excursión de pesca’ dirigida especialmente a fines de espionaje político y judicial prohibido”, recuerda el descargo. A la vez señala como falacia que la causa de Dolores pretenda atentar contra la de los cuadernos, ya que se investiga un enorme abanico de maniobras, que incluyen cuestiones privadas (por ejemplo espionaje al ex marido de la esposa de Stornelli) y hasta espionaje a funcionarios de la UCR en Corrientes y la banda Los Monos en Rosario. Agrega que “no es delito” hablar sobre una extorsión y una denuncia en curso.
Al presentar la lista de pedidos de testimonios, los Ramos Padilla exponen sus razones. Por empezar dicen que Macri y los miembros del Ejecutivo que impulsaron la denuncia deben explicarla, y en especial fundamentar qué interés tienen respecto de los hechos investigados en Dolores para presentarse. Macri había dicho que Ramos Padilla “ya hizo varias”. Tendría que decir de qué habla, plantea el pedido de testimonios, y si esta cuestión fue tema en reuniones de Gabinete y si las filtraciones de escuchas provienen de áreas de Gobierno. También plantean la declaración de las dirigentes de la CC que denunciaron penalmente a Ramos Padilla y están imputadas por él. ¿En qué se basan para decir que el juez integra una asociación ilícita?, pide el defensor que argumenten. Otros testigos pedidos son los presos escuchados Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta, también Eduardo Valdés (que participa de las conversaciones), el propio fiscal de Dolores Juan Pablo Curi, el juez Luis Rodríguez, Bonadio y pone énfasis en el juez Villena, que fue el que ordenó las escuchas a modo de excursión de pesca. Incluye a los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Leopoldo Moreau. También a periodistas de todos los colores (desde Horacio Vebitsky y Raúl Kollmann hasta Jorge Lanata y Luis Majul).
La comisión que deberá analizar estas cuestiones en el Consejo recién se reúne el 16 de julio. Ahí se debatirán los planteos y pedidos.
Fuente: Página12
