El Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, volvió a reclamarle al Gobierno nacional una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa de la ex presidenta respecto de la causa conocida como «vialidad».
Mediante una nota dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el TOF 2 le recuerda que ya había realizado ese mismo pedido el 25 de abril, del cual nunca tuvo respuesta. Con la firma del presidente del tribunal, Jorge Gorini, y el secretario de Cámara, Tomás Cisneros, los jueces exigen la totalidad de las resoluciones tanto del Ministerio de Planificación como de la Dirección Nacional de Vialidad, «a través de las cuales se ampliaron y modificaron las partidas presupuestarias establecidas en las leyes de presupuesto previstas para los ejercicios 2004 a 2015».
También pidieron «la totalidad de los Actos Administrativos a través de los cuales la Secretaría de Obra Pública, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, asignaron fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01 para cualquier cumplimiento de fines específicos».
Según detalló Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, estas medidas de prueba habían sido solicitadas a la Justicia hace casi un año. Sin embargo, en un primer momento el TOF 2 le había respondido que la búsqueda de esa información debía ser realizada por la defensa ya que consideraban que era de acceso público.
Ante la imposibilidad de ingresar a distintas bases de datos de organismos oficiales por parte de la defensa, el Tribunal Oral requirió por distintas vías la información al Poder Ejecutivo hasta llegar al jefe de Gabinete, que aún no entregó la documentación.
«La acusación que se efectúa en contra de CFK sostiene que desde su gobierno, a través de distintos actos administrativos, se reasignaban de manera especial las partidas del presupuesto votadas por el Congreso de la Nación en favor de las empresas de Lázaro Báez», explica Beraldi mediante un comunicado en el que asegura que «la acusación es falsa» y la ex Presidenta «jamás favoreció a las empresas de Báez». «Las reasignaciones de partidas tenían carácter general, representando ello una facultad administrativa que desarrollan habitualmente todos los gobiernos», sentenció.
Para demostrar esto es que se pidió al Poder Ejecutivo de la Nación todos los actos de gobierno por los cuales se reasignaron partidas presupuestarias.
Entre otras cuestiones, éstas medidas forman parte de las quejas que en su momento remitieron las partes a la Corte Suprema de Justicia y por la cual el máximo tribunal solicitó la semana pasada acceder al expediente.
Fuente: Página12
