Cuando el malogrado secretario de Energía Javier Iguacel estableció que los usuarios de gas debían compensar a las petroleras por la disparada del dólar, en octubre del año pasado, el enorme rechazo popular lo obligó a dar marcha atrás. Hace un mes, el gobierno de María Eugenia Vidal sacó una resolución muy similar, pero en el plano de la energía eléctrica. El elefante pasó por debajo del radar y el flamante Incremento de Costo Tarifario tiene plena vigencia.
El artículo 5 de la resolución 186/19 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense ordenó: «Establecer el concepto Incremento Costos Tarifarios (ICT) como mecanismo de compensación que permita a los distribuidores recuperar en su facturación además de las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad (precios de potencia y energía en el MEM y costos de transporte), las diferencias generadas en el costo propio de distribución». Esto significa que, además del aumento ya tradicional de la factura, los usuarios deberán compensar a las distribuidoras los aumentos que estas deben pagar en el mercado mayorista. «Win-win» para Edelap, Edea, Eden, Edes y las distribuidoras municipales. Muy pronto, también será un negocio redondo para Edenor y Edesur, cuando finalmente se sustancie el traspaso ya resuelto de estas empresas a la órbita provincial.
Casi en un acto de confesión, en los considerandos de la citada resolución, se encomienda al OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) que incluya «el concepto de Incremento Sobre el Costo Mayorista de Compra (ICM), cuya continuidad fuera determinada por la Resolución OCEBA N° 214/18, y que se denominará Incremento de Costos Tarifarios (ICT)». O sea, le piden al organismo de control que cambien el tecnicismo por un término más discreto.
Dos semanas después de publicada la resolución, el OCEBA reglamentó el ICT, que comenzó a regir desde el propio febrero.
«Este recargo hará que el aumento pautado del 36% en promedio para todas las categorías pase a un 55%. Es una medida que impacta de manera directa en la facturación de todos los usuarios, incluyendo las pymes, beneficiarios de Tarifa Social y las entidades de bien público», advirtió el defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.
Los porcentajes expresados por el defensor bonaerense son promedios. Por ejemplo, el aumento original para los usuarios R1 (hasta 150 kw/h de consumo) era del 37%; con el ICT, se fue al 59%. Para la categoría R2 (entre 151 y 325 kw/h de consumo), que nuclea a la mayor parte de los usuarios, la suba original era del 44%; con el ICT, se fue al 67%. En R3 (326 – 400 kw/h), pasó del 41 al 64%. A partir de ahí, la curva descendente llega hasta los R9 (más de 1401 kw/h), cuyo aumento pasó del 29 al 47%. Esto indica que, además de escandaloso, es regresivo, ya que afecta más a los usuarios residenciales de consumo medio; es decir, a la mayoría.
Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), sentenció: «Quieren la ganancia limpia, en dólares, sin riesgo empresario. Es obsceno. Las tarifas están dolarizadas y no quieren perder si se les va el dólar. Los incrementos al final del año van a estar muy cercanos al 100% por estos traslados».
Para Bassano, «los que gobiernan el sistema energético son las empresas, no el gobierno. Están cartelizadas, porque los mismos grupos empresarios tienen intereses tanto en las distribuidoras como en las generadoras».
Además, Bassano enfatizó que hubo despidos «en generadoras, transportadoras y distribuidoras; es decir, ni siquiera generan empleos». Por tanto, «no es ganancia económica ni de producción ni de inversión; es ganancia financiera».
Finalmente, Lorenzino sostuvo: «Es otra muestra más de que el gobierno les da la espalda a los bonaerenses a favor de las ganancias de las compañías. No descartamos ir a la Justicia si no se da marcha atrás con esta decisión que perjudica a los usuarios, acorralados por la seguidilla de aumentos, y que afecta por sobre todas las cosas a los que menos tienen» . «
Las cooperativas se defienden y piden tiempo
Las cooperativas eléctricas mantienen un fuego cruzado con el gobierno de Mauricio Macri.
Luego de las acusaciones del mandatario por la composición de las facturas, la cámara mayorista Cammesa salió con los tapones de punta por las deudas que tienen las cooperativas, con la amenaza de cortar el suministro.
El presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria Parada Robles (Cepral-Exaltación de la Cruz) y titular de la Regional Buenos Aires de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), José Luis Hermida, explicó a Tiempo: «El problema de fondo es que los asociados/usuarios ya no pueden pagar los aumentos en la energía. Nosotros no salimos a cortar la luz a los vecinos. Como cooperativas, tenemos otra filosofía. Si no, tendríamos que cortar el servicio eléctrico a la mitad de los usuarios. En este momento, estamos subsidiando a los usuarios y por eso se generan las deudas con Cammesa. Sólo pedimos que nos den más tiempo para poder lidiar con ese desfasaje que hay entre el aumento mayorista y el proceso de recaudación», se lamentó el dirigente.
