El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el Ministro de Finanzas, Nicolás “Toto” Caputo, brindaron esta mañana una breve conferencia de prensa plagada de tecnicismos difícilmente entendibles para el común de la gente y donde ambos estuvieron visiblemente incómodos. La rueda de preguntas se anunció luego del hermetismo oficial por el salto de casi dos pesos que sufrió la divisa norteamericana en una sola jornada y que llevó al dólar a su máximo pico histórico de $ 23.50
Los cuestionamientos al equipo económico llueven a izquierda y derecha de todo el arco ideológico. De hecho, varios analistas sostienen que aquellas críticas que el gobierno recibe de encumbrados economistas ortodoxos en los sets de televisión, forman parte de un acuerdo político – comunicacional que le permite al gobierno de Cambiemos seguir mostrándose como “gradualista” ante la opinión pública, un modo de atemperar la agresividad social de sus medidas. Es evidente que cada gestión de gobierno intentará justificar su andamiaje de decisiones macroenconómicas con los más variopintos argumentos. Aun así, resulta cuando menos difícil considerar como moderadas una batería de políticas de shock que abarcan desde los tarifazos en las facturas de electricidad y gas, el incremento en los servicios públicos, los recortes a la salud y los medicamentos de los jubilados y la resignación casi total de ingresos tributarios por la eliminación de las retenciones los sectores agroexportadores y mineros; hasta la feroz devaluación del peso argentino en los últimos 30 meses que llevó el dólar oficial de $ 9.60 en 2015 a $ 23,50 en la jornada de ayer. Claramente no estamos frente a un modelo gradualista que está mostrando sus flaquezas sino frente a una política económica de shock que parece haber llegado a su límite de tolerancia social.
La trasferencia regresiva de ingresos, de los sectores más postergados a las grandes empresas nacionales y multinacionales, parece haber tocado fondo. Mientras tanto, se ataca la política de subsidios y se la estigmatiza en tanto derroche del gasto público porque, como dice el Presidente, la gente “se tiene que acostumbrar a pagar lo que cuesta la energía”. Esos subsidios del Estado, que buscan beneficiar a las grandes mayorías populares en forma de salario indirecto, son criticados desde el liberalismo económico por “demagógicos y populistas”, dos palabras que se usaron en repetidas ocasiones durante la conferencia de prensa que dieron los Dujovne y Caputo. Sin embargo, el trillado argumento del déficit fiscal parece no tener en cuenta que hace pocos días el Estado le perdonó a la multinacional Carrefour el 50% de los aportes patronales que debe hacer al Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA) que es quien paga a los jubilados argentinos. Bajo el argumento del “proceso preventivo de crisis” que le habilitó el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, la empresa francesa dejará de aportar unos $ 800 millones de pesos. El caso de la condonación de 20.000 millones de pesos a las empresas eléctricas privatizadas y los 70.000 millones que se intentó perdonar al Correo Argentino S.A – de la familia Macri – son otro ejemplo que poner de relieve que el problema no son los subsidios en sí mismos, sino a quien están dirigidos.
La decisión para enfrentar la aguda crisis económica actual – producto de la restricción externa, la caída de la demanda agregada, la espiral devaluatoria y el escenario financiero internacional – se centró en dos caminos que son claramente recesivos: subir la tasa de interés del BCRA al 40% anual, es decir encarecer la posibilidades de tomar créditos en el mercado doméstico y por tanto detener cualquier iniciativa productiva; y, por otro, endurecer las metas del déficit fiscal bajándolas de 3.2% a 2,7%, lo que se traducirá en mayor ajuste en busca de reducir el “gasto”. Ese gasto, tal como fue anunciado, será quitando de las partidas destinadas a obras públicas e infraestructura por una cifra superior a los 30.000 millones de pesos, unos 1500 millones de dólares. El resultado será un enfriamiento de la economía real y un fortalecimiento de la especulación financiera, toda vez que resulta mucho menos riesgoso poner el dinero a plazo fijo que invertir en el sector productivo. Ninguna de esas decisiones crea trabajo ni mejora los ingresos de los que aquellos que sí tienen trabajo. Vale destacar que en sólo 5 días el BCRA entregó 8000 millones de dólares – unos 184.000 millones de pesos – para frenar la disparada de la divisa norteamericana. Ese dinero ya no está, así como entró vía endeudamiento, se fugó vía corrida cambiaria.
Argentina navega en medio de una tempestad generada por sus propias decisiones y el acompañamiento de una política económica de apertura indiscriminada y endeudamiento serial. La posibilidad de modificar el rumbo parece obturada y la política pierde la pulseada frente a la ¿obstinación? de los CEOS que hace más de dos años llegaron al poder del Estado. La decisión de Mauricio Macri es ir hasta las últimas consecuencias ignorando los concejos de aquellos que, seguramente, le advierten sobre los riesgos enormes del estallido social. Por lo pronto el objetivo parece ser mantener el timón firme aunque hace rato todos veamos que el iceberg se muestra en el horizonte. Así las cosas a los miembros de la tercera clase les siguen cargando los bagayos por popa. Algunos ya se dieron cuenta que los botes salvavidas son para otra clase social, esa que nunca se hunde y siempre sale beneficiada de las catástrofes históricas.
