Por medio del presente queremos manifestar nuestro enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de declarar aplicable el cómputo del dos por en el caso de Luis Muiña, quien integró un grupo que torturaba pacientes y trabajadores del Hospital Posadas durante la ocupación militar y tenía una condena a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
El fallo contó con la mayoría de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Mientras que los jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia que la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.
Como manifestaron los organismos de derechos humanos de nuestro país “Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial”.
La doble moral libera a los genocidas y represores, pero exige que al autor de delitos comunes se le endurezcan las penas y se le vulneren todo tipos de derechos (ya vulnerados en su entorno social previo a su detención), como está sucediendo con el debate en el poder legislativo de la reforma de la ley 24.660.
De esta manera la Corte Suprema se suma al cambio de paradigma político y judicial que impulsa del Gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, aplicando una ley derogada en el año 2001, para reducir la de pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad y abriendo una puerta para la impunidad de los genocidas de la dictadura cívico militar. Este cambio de paradigma se ha visto reflejado también en el negacionismo que han sostenido varios funcionarios del gobierno, el otorgamiento de las prisiones domiciliarias, las demoras en en el avance de los juicios, así como también en el desmantelamiento de diversas políticas públicas en materia de derechos humanos. El costo de las decisiones en este sentido es para las víctimas, y la sociedad en general, que ve dañado el proceso de memoria, verdad y justicia que se había emprendido y que ha sido reconocido a nivel mundial.
Como dijo la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Habrá que aprender la lección, la formación de consensos en una puja se da entre dos conjuntos, entre dos campos, no tres ni cuatro. Cuando el campo popular se debilita, se fortalece el contrario y se empieza a perder lo que se había ganado. En el campo político habrá que fortalecer el polo popular y democrático que salió debilitado con la llegada de Cambiemos para contrarrestar esta ofensiva de la derecha en el plano socioeconómico y en el de la ética y los derechos humanos”.
Acompañaremos a las Abuelas, a las Madres, a los Familiares y a los H.I.J.O.S, que agotaran las instancias para que este criterio de impunidad sea abandonado, porque no claudicaremos en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y convocamos, como lo han hecho los organismos, al pueblo a defender los derechos conquistados, que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad.
